El Ministerio Público pide enjuiciar al alcalde de Alhaurín el Grande por blanqueo, cohecho y delito urbanístico Imputa también al edil de Urbanismo y a otras 23 personas
El alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, y su esposa,Teresa Santos, ingresaron presuntamente en diferentes cuentas un total de 151.000 euros en efectivo de «origen desconocido» y compraron tres fincas por las que desembolsaron más de 16.000 euros, «sin recurrir a financiación externa». Así lo afirma el fiscal, que considera que el regidor y el edil de Urbanismo, Gregorio Guerra- ambos del Partido Popular- dirigían, presuntamente, la trama de corrupción urbanística destapada en el Ayuntamiento conocida como 'caso Troya', con la que se «enriquecieron de forma ilícita». Por ello, el Ministerio Público ha pedido al juez instructor el enjuiciamiento de Martín Serón por delitos de cohecho, blanqueo de capitales y prevaricación urbanística.
En el escrito dirigido al juzgado, la Fiscalía inculpa formalmente también al concejal de Urbanismo por prevaricación urbanística y cohecho y a la mujer de Martín Serón, por blanqueo de capitales. En el 'caso Troya' se imputa además a otras 22 personas, entre las que figuran dos asesores jurídicos municipales y veinte empresarios y promotores que pagaron distintas sumas de dinero con el fin de obtener licencias para sus construcciones, que excedían la edificabilidad fijada de planeamiento municipal.
Según figura en el escrito de la Fiscalía, «los pagos están acreditados» por las anotaciones manuscritas y la información obtenida de los archivos informáticos que fueron intervenidos en los registros policiales.
La trama estaba dirigida por el alcalde y el concejal de Urbanismo, según la Fiscalía. Éste último era quien «controlaba y contabilizaba, tanto los pagos efectuados como los que debían efectuar los promotores y empresarios a cambio de licencias ilegales», que oscilaron entre los 120.000 y los 6.000 euros, añade el escrito.
La empresa Conextran y su administrador único, que es un militante del PP imputado por blanqueo de capitales, se habría utilizado, según afirma el Ministerio Público, para «ocultar los sobornos pagados» por los empresarios a las autoridades. Así esta entidad experimentó «un notable incremento» en la contratación con el Consistorio en 2004, cuando Martín Serón consigue la mayoría absoluta, año que factura más de 400.000 euros.
Entre 2003 y 2006, el alcalde y su esposa, Teresa Santos, ingresaron en distintas cuentas un total de 151.000 euros en efectivo de «origen desconocido», asegura la Fiscalía, y adquirieron tres fincas urbanas por importe de 16.000 euros «sin recurrir a sus cuentas bancarias ni a la financiación externa».
En el registro practicado en enero de 2007 en el domicilio de Juan Martín Serón, la policía intervino 64.780 euros en efectivo, mientras que en su despacho en el Ayuntamiento se hallaron 7.000 más.
El primer edil de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, mostró ayer su rechazo al escrito del fiscal e insistió en que el 'caso Troya' era un movimiento político impulsado por el PSOE para desacreditarle y desalojarle de la Alcaldía. En declaraciones citadas por Efe, Martín Serón afirmó que no piensa dimitir y que seguirá en su puesto «se pongan como se pongan, mientras no haya sentencia judicial» y «contra viento y marea».
«Es un escrito (el del fiscal) bastante lamentable y que no obedece a ningún paso judicial. Dudo mucho del estado de derecho y de la independencia de la Fiscalía cuando veo estas cosas», manifestó a este periódico el primer edil, quien pidió celeridad en el proceso, dado que ahora se cumplen dos años desde las detenciones. El Ayuntamiento de Alhaurín emitió un comunicado en el que se acusaba al nuevo fiscal jefe de Málaga, Antonio Morales, de estrenarse en el cargo «con un movimiento reprobable desde el punto de vista democrático, con una maniobra sobre un asunto de persecución política sin precedentes».
Petición de archivo
Además, se pedía el archivo de «todo este montaje que se inicia con una conspiración política por parte del PSOE de Alhaurín el Grande y un delincuente que actualmente cumple condena». «La Fiscalía debería haber tenido en cuenta los dos últimos informes que se han incorporado a este caso: el sobreseimiento de la imputación del arquitecto municipal y otro de la Agencia Estatal Tributaria que concluye que no hay ninguna relación entre la empresa que supuestamente blanqueaba capitales y ninguna de las personas imputadas», añade la nota.
Por otro lado, el PSOE exigió la dimisión de Martín Serón y recordó que así lo hizo el alcalde socialista de Estepona tras su imputación en el 'caso Astapa'. El secretario provincial del partido, Miguel Ángel Heredia, pidió al presidente del PP en Andalucía, Javier Arenas, que expulsara al regidor de sus filas. Por su parte, el secretario provincial del PP, Francisco Salado, se mostró confiado «plenamente» en la inocencia del primer edil «porque todos los pasos de la instrucción habían apuntado al archivo de la causa».
El fondo político de la cuestión es la doble vara de medir que tiene el PP, mientras en el ayuntamiento de Estepona piden, no solo que dimitiera el alcalde, que por supuesto no les dió tiempo,(el PSOE sabía lo que tenía que hacer, el rechazo total a la corrupción y la expulsión inmediata del partido), sino que dos meses despues de celebrar unas elecciones se disuelva el ayuntamiento y se convoquen elecciones nuevas. Sólo por responsabilidad política para con los ciudadanos y respetando la voluntad del pueblo, poco tiempo despues de la celebración de unos comicios es poco ético volver a movilizar a la ciudadanía con un claro objetivo partidista y sin ninguna justificación, porque os recuerdo que a las elecciones se presenta una lista de 24 personas, y todos no están imputados, a la vista está que tiene un nuevo alcalde.
ResponderEliminarEn cambio en el caso de Alhaurin el Grande, Juan Martín y el concejal de urbanismo están imputados por delitos muy graves y la dirección provincial ¿qué hace?; su reacción fue un acto de eroismo del el que era entonces Presidente Provincial Joaquin Ramirez, venir a Alhaurin el Grande a apoyar a unos presuntos corruptos,(por cierto ya no han venido mas).
El PP calla, mientras Arenas y Bendodo predican y se atreven a dar lecciones de moralidad a los demás partidos políticos, poniéndose como ejemplo de la claridad y la transparencia política.
En cuanto a la presunción de inocencia, estoy de acuerdo que todo el mundo, repetando la constitucion, tiene derecho a un juicio justo(faltaría mas) y a que se le crea inocente hasta que se demuestre lo contrario. Analizando el fondo político éstas personas (Juan Martín y Gregorio Guerra), están acusados FORMALMENTE por el fiscal general de Málaga de los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y delito urbanístico, y ningún partido politico puede permitirse el lujo de tener a dos personas con esto a sus espaldas como máximos representantes públicos de una ciudad. ¿Qué imagen está dando Alhaurin el Grande? , ¿que presuntamente nos roban y nosotros estamos de acuerdo?, encima de robados consentidos.
Y por último recordar para que se vea la magnitud y la gravedad de los cargos imputados a estas dos personas, que hoy día sino es por la complicidad de algunos empresarios, que reunieron 200.000 euros en unas cuantas horas, estas personas llevarían dos años en la prisión provincial de Alhaurin de la Torre, haciéndole compañía a su denunciante